Según la verdad.es de 10-5-2012, en el artículo "La ITV pudo falsear expedientes de cientos de vehículos de todo el país", el asesor recibía por correo la documentación de los coches y la tramitaba a cambio de cantidades que rondaban los 300 euros
Ya lo decía Marisol: 'La vida es una tómbola', y parece que los dos supuestos cabecillas de la trama que falsificaba las inspecciones técnicas de vehículos en la ITV de Alcantarilla se habían tomado al pie de la letra esta canción. No en vano, entre los 'clientes VIP' que se beneficiaron de estas presuntas irregularidades destacaban, en apariencia, muchos vehículos pertenecientes a feriantes.
Y es que este tipo de vehículos, por sus especiales dimensiones y características, en ocasiones no pueden acceder a las instalaciones de la ITV, por lo que deben pasar el correspondiente 'chequeo' a través de la visita presencial de un técnico o de una ITV móvil. Un extremo, el de elegir entre recibir la visita presencial y arriesgarse a no pasar la inspección, o pagar una mayor cuota para que el coche de feria pudiera seguir en la carretera, que pudo ayudar a que la trama resultase rentable para los ahora detenidos: el técnico responsable del área de automoción de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, Juan N. P., y el dueño de Consulting y Gestión Administrativa, Enrique M.P.. Ambos, que siguen detenidos, son los dos principales sospechosos de haberse lucrado haciendo que vehículos que ni siquiera pisaban la ITV superaran sin problemas la revisión.
El 'modus operandi' presuntamente empleado por la trama era prácticamente idéntico en todos los casos. El asesor recibía la documentación -en mano o por correo- y una foto frontal del vehículo, en el que se veía la matrícula. Después, en las instalaciones de Alcantarilla, utilizando una PDA, tomaban una imagen de la original. Y finalmente, con esta última fotografía incorporada al membrete del expediente, tal y como exige el Ministerio de Industria, se daba luz verde a los papeles.
Según fuentes cercanas al caso, la 'tarifa' que debían abonar los dueños de los vehículos y últimos beneficiarios de la trama ascendería en algunos casos hasta los 300 euros. En ella iba incluida la tasa de la ITV: turismos (42,25 euros por un diesel y 31,70 para gasolina), camiones (57 euros), remolques (33,95 euros) y motocicletas (14,25 euros); el resto, hasta 250 euros, se convertirían en beneficios para los presuntos implicados. Aunque las cuantías por cada expediente tramitado no eran elevadas, los beneficios globales sí pueden llegar a serlo, teniendo en cuenta que las sospechas de la Policía apuntan a que han podido ser cientos los documentos falseados.
De ahí que uno de los objetivos del Juzgado de Instrucción número 5 de Murcia sea esclarecer el número de expedientes falsos, ya que todo indica a que la trama actuaba a nivel nacional y existiría constancia de documentación llegada desde Castilla-La Mancha, Baleares, Comunidad Valenciana y Andalucía, entre otras. Un feriante retirado aseguró ayer a 'La Verdad', con el compromiso de su anonimato, que «hasta en la Feria de Palma te pedían el dinero y los papeles de los coches, y en cinco días tenías la documentación de vuelta con la inspección de la ITV pasada».
Los 'encargos' y las correspondientes fotografías de los vehículos eran presuntamente remitidos por correo a Consulting y Gestión Administrativa, la asesoría propiedad del detenido Enrique M.P..
De hecho, uno de los tres registros que el martes practicaron los agentes de la Unidad de Tráfico Ilícito de Vehículos de la Policía Nacional tuvo lugar en ese local de la calle Torre de Romo, donde retiraron ordenadores y documentos, e incluso la correspondencia que en ese momento se disponía a entregar un cartero del servicio de Correos, abordado por agentes nada más pisar la citada oficina. Los otros dos registros tuvieron lugar en la Dirección General de Industria, Energía y Minas y en el domicilio particular del técnico de la Comunidad Autónoma, Juan N.P. Los dos detenidos ha sido puestos a disposición judicial esta mañana.
Durante la jornada de ayer, la plantilla de la ITV de Alcantarilla terminó de prestar declaración en la Jefatura Superior de la Policía Nacional de Murcia. Algunos declarantes afirman de forma anónima que Enrique M.P., dueño de la asesoría, «venía mucho por aquí». Incluso apuntan a que «solía utilizar las oficinas del archivo de la ITV».
Lo más preocupante de todo lo que empieza a saberse de esta trama es que cientos de vehículos (quizás miles) propiedad de particulares, empresas e incluso feriantes podrían haber estado circulando por las carreteras españolas sin reunir las condiciones técnicas ni de seguridad que fija la ley. Un auténtica 'tómbola' al volante.
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