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miércoles, 24 de julio de 2013

La Policía Nacional destapa un complejo entramado empresarial creado para defraudar a la Seguridad Social

Según noticia del 23 de julio de 2013 del Ministrio de Empleo y Seguridad Social:
*El perjuicio causado a las arcas públicas se aproxima a los 2.000.000 de euros.
*El responsable de la red de empresas ficticias cobraba a inmigrantes por formalizar falsos contratos de trabajo y altas para acceder a subsidios por desempleo y obtener permisos de residencia.
 *En la operación han sido arrestadas 76 personas e imputadas otras 84 por fraudes en el cobro de prestaciones, falsedad documental y estafa.
  *La mayoría de los más de 500 beneficiarios que se estima han participado en estas actividades ilícitas reside en Ibiza y Madrid.

Agentes de la Policía Nacional, en colaboración con la Seguridad Social y la Dirección General de la Inspección de Trabajo, han destapado un complejo entramado empresarial cuya única finalidad era defraudar a la Seguridad Social.
En la operación han sido arrestadas 76 personas e imputadas otras 84 por fraude en el cobro de prestaciones, falsedad documental y estafa. El perjuicio económico causado a la Tesorería General de la Seguridad Social y al Servicio Público de Empleo Estatal alcanza casi los 2.000.000 de euros.
El responsable de la red de empresas ficticias cobraba a inmigrantes por formalizar falsos contratos de trabajo y altas a la Seguridad Social que les permitían acceder a subsidios por desempleo, y obtener permisos de residencia.
De los más de 500 beneficiarios que se estima han participado en estas actividades ilícitas, la mayoría reside en la isla de Ibiza y en Madrid.
Diez falsas empresas
La investigación se inició tras recibirse un informe de la Inspección Provincial de Trabajo de Madrid sobre una empresa con sede en esa provincia, a nombre de un ciudadano marroquí. A partir del estudio de esta documentación, los agentes descubrieron la existencia de un complejo entramado empresarial creado con la finalidad de obtener beneficios mediante el cobro a ciudadanos extranjeros por la formalización de contratos de trabajo y altas falsos.
Durante las investigaciones, se constató la existencia de una red de empresas -todas creadas por la misma persona- compuesta por 10 mercantiles que operaban con 15 códigos de cuenta de cotización en distintas provincias españolas, principalmente en Madrid, Illes Balears y Algeciras. También se demostró que las mismas servían de cauce para generar contratos falsos a ciudadanos extranjeros.
El número de personas dadas de alta de forma ilícita supera las 500, de las que hasta el momento se ha podido demostrar que 180 han percibido ilícitamente algún tipo de prestación, y 135 han empleado los contratos falsos para trámites relacionados con regularizaciones y autorizaciones de residencia.
Lucha contra el empleo irregular y fraude a la Seguridad Social
Esta operación se enmarca en el Convenio de Colaboración en materia de lucha contra el empleo irregular y el fraude al Sistema de Seguridad Social suscrito con el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
En este tipo de operaciones, la policía actúa en coordinación con la Seguridad Social y la Inspección de Trabajo, ambos dependientes del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. El objetivo es detectar “empresas ficticias”, que actúan fraudulentamente para crear entidades físicas o jurídicas que sin ejercer una actividad laboral, real y efectiva, son utilizadas de forma instrumental para actuaciones fraudulentas contra la Seguridad Social.
Las empresas ficticias simulan negocios jurídicos y contrataciones de supuestos trabajadores, a los que a cambio de dinero dan de alta en la Seguridad Social, de forma que acumulen los periodos mínimos de carencia exigidos para acceder a prestaciones públicas del Sistema de Seguridad Social (prestaciones y/o subsidios por desempleo del Servicio Público de Empleo Estatal, incapacidad temporal, maternidad y otras). También actúan para generar activiad que permitan, mediante la utilización de estos falsos contratos, el acceso indebido a autorizaciones de residencia y trabajo de ciudadanos extranjeros.
La operación ha sido desarrollada por agentes de la Sección de Investigación de la Seguridad Social de la UDEF Central de la Comisaría General de Policía Judicial y han contado con la colaboración de la Dirección General de la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social, de la Brigada Contra la Trata de Seres Humanos y la Brigada de Falsedades Documentales de la UCRIF Central de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, y de las Jefaturas Superiores de Policía de Madrid, Illes Balears y Andalucía Occidental.



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